La mañana de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ofreció un punto de prensa en Santiago, donde se anunció la realización de un amplio operativo en distintos puntos de la región Metropolitana para el control de la evasión en el transporte público. Es en ese contexto, que la secretaria de Estado abordó la regulación acotada de migrantes haciendo, de paso, una comparación respecto a lo sucedido en la materia durante el gobierno anterior (Sebastián Piñera). A diferencia de lo que pasó en la administración anterior, el Gobierno siempre ha mantenido que no habrá amnistía general a personas irregulares.De acuerdo a lo que aseveró la autoridad, el empadronamiento hecho a inicios del 2023no fue una regularización, sino uno de los requisitos base para acceder a ella. Sobre un eventual proceso de regularización, la jefa de gabinete aclaró que va a tener varios requisitos, uno de los cuales será el empadronamiento. “No hay nada como empadronarse, que automáticamente te regulariza [...] además del empadronamiento, para acceder a la regularización hay otros requisitos, como no tener antecedentes criminales, tener arraigo laboral y familia, subrayó. Asimismo, se dio el tiempo de salir al paso y respondió a las críticas surgidas en el proceso, aludiendo a que “si queremos ser efectivos en la seguridad […] tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que vienen a trabajar, que quieren cumplir la ley”. “Todos los chilenos hemos convivido con personas migrantes en este tiempo (…) y la mayoría de ellos son personas que vienen a Chile a continuar con su vida en paz. Separar a esas personas de las que vienen a vulnerar nuestras instituciones y nuestra ley, es un requisito para la seguridad”, enfatizó. Finalmente, la personera de Gobierno recalcó que no se está pensado en el corto plazo un nuevo proceso de regularización, pues el Tribunal Constitucional está definiendo un aspecto que podría dejar sin efecto una norma de la Ley de Migraciones. Mientras el TC no se pronuncia, es imposible otro proceso, cerró.
Durante la mañana de este viernes, el Ministerio del Interior informó que 42 personas extranjeras fueron expulsados de nuestro país en un avión de la Fuerza Aérea. Ante esto, de las 42 expulsiones dictadas por el Servicio de Nacional de Migraciones (Sermig), 26 fueron judiciales al cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día que se mantenían privados de libertad y 16 expulsiones administrativas por cometer infracciones migratorias graves. Para detallar, los extranjeros expulsados son de nacionalidad Colombiana, Boliviana, Ecuatoriana y Dominicana. Además, según información del Sermig dichas personas habrían cometido delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, violación, posesión de armas prohibidas, receptación de vehículos, entre otros. Asimismo, el director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer señaló queel gobierno envió un proyecto para poder expulsar a las personas condenadas por delitos de la ley 20 mil, pero un sector de la oposición en el Senado, se opone a aprobarlo. Finalmente, desde el Ministerio del Interior detallaron que tanto el gobierno como migraciones priorizan las expulsiones de personas que cometieron delitos en Chile, con antecedentes penales o que ya cumplieron su condena.
El diputado republicano por Tarapacá, Renzo Trisotti, ha presentado un proyecto de ley en respuesta a las crecientes cifras de migrantes ilegales ingresando al país por pasos no habilitados. La iniciativa busca penalizar con tres a cinco años de prisión y multas que oscilan entre los 3,2 y 6,5 millones de pesos a aquellos que faciliten el traslado de inmigrantes ilegales, comúnmente conocidos como coyotes. Presentamos esta iniciativa como una forma de perseguir a esos inescrupulosos que, sin importarles la seguridad del país, facilitan el transporte a personas extranjeras e indocumentadas que ingresan al territorio nacional por pasos irregulares, poniendo en riesgo a millones de chilenos y extranjeros residentes de manera legal , sostuvo Trisotti. Este proyecto de ley modifica el Artículo 411 Bis del Código Penal, que actualmente sanciona el ingreso ilegal al país. Las cifras recientes proporcionadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de la región de Tarapacá, una de las más afectadas por este fenómeno, indican que de las 577 mil personas controladas ingresando a Chile en 2023, 11.320 fueron denunciadas por infringir la Ley de Migración. De estas, el 88,5% ingresó a través de pasos no habilitados. Trisotti enfatizó que este es un problema ya identificado que no se pudo resolver con la actual legislación y la regulación anunciada por el Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Es por eso que hoy queremos quebrar este eslabón de la cadena que es el ingreso irregular de personas a Chile . El diputado también señaló que muchos de los inmigrantes ilegales están vinculados a actividades delictivas o son parte de bandas criminales transnacionales, como el conocido 'Tren de Aragua'. El documento presentado por Trisotti detalla que el tipo penal de tráfico de migrantes fue incorporado al Código Penal Chileno en 2011, tras la suscripción de la Convención de Palermo y sus protocolos, y con la entrada en vigencia de la ley 20.507. Esta ley tipifica los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, estableciendo normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Según la definición de las Naciones Unidas, el Tráfico Ilícito de Migrantes se refiere a la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material . Trisotti concluyó que el ingreso ilegal es condición indispensable para la configuración del tipo penal del Tráfico de Migrantes.
De acuerdo a un informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entre enero y mayo de este año, el 51% de los migrantes fueron expulsados por orden administrativa. Ante esto, el Sermig presentó ante la Cámara de Diputados según consignó La Tercera, un informe donde revela que 425 personas han sido expulsadas de Chile. Asimismo, del total de expulsiones, 218 casos fueron de tipo administrativas y 207 corresponden a órdenes del Poder Judicial. En tanto, el director de Migraciones, Luis Thayer aseguró que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas y señaló quehay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes. Dado lo anterior, según las cifras que se entregaron, del total de expulsiones materializadas la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones, seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos. Luego más atrás se encuentran migrantes de Bolivia con 35 casos, Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%. Así también, Thayer se refirió al tipo de expulsiones y aseguró queno discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades. Finalmente, el informe también reveló que el numero de ingresos clandestinos entre el mes de enero y abril asciende a 11.705 personas, según denuncias recibidas por PDI.
La mañana de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ofreció un punto de prensa en Santiago, donde se anunció la realización de un amplio operativo en distintos puntos de la región Metropolitana para el control de la evasión en el transporte público. Es en ese contexto, que la secretaria de Estado abordó la regulación acotada de migrantes haciendo, de paso, una comparación respecto a lo sucedido en la materia durante el gobierno anterior (Sebastián Piñera). A diferencia de lo que pasó en la administración anterior, el Gobierno siempre ha mantenido que no habrá amnistía general a personas irregulares.De acuerdo a lo que aseveró la autoridad, el empadronamiento hecho a inicios del 2023no fue una regularización, sino uno de los requisitos base para acceder a ella. Sobre un eventual proceso de regularización, la jefa de gabinete aclaró que va a tener varios requisitos, uno de los cuales será el empadronamiento. “No hay nada como empadronarse, que automáticamente te regulariza [...] además del empadronamiento, para acceder a la regularización hay otros requisitos, como no tener antecedentes criminales, tener arraigo laboral y familia, subrayó. Asimismo, se dio el tiempo de salir al paso y respondió a las críticas surgidas en el proceso, aludiendo a que “si queremos ser efectivos en la seguridad […] tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que vienen a trabajar, que quieren cumplir la ley”. “Todos los chilenos hemos convivido con personas migrantes en este tiempo (…) y la mayoría de ellos son personas que vienen a Chile a continuar con su vida en paz. Separar a esas personas de las que vienen a vulnerar nuestras instituciones y nuestra ley, es un requisito para la seguridad”, enfatizó. Finalmente, la personera de Gobierno recalcó que no se está pensado en el corto plazo un nuevo proceso de regularización, pues el Tribunal Constitucional está definiendo un aspecto que podría dejar sin efecto una norma de la Ley de Migraciones. Mientras el TC no se pronuncia, es imposible otro proceso, cerró.
Durante la mañana de este viernes, el Ministerio del Interior informó que 42 personas extranjeras fueron expulsados de nuestro país en un avión de la Fuerza Aérea. Ante esto, de las 42 expulsiones dictadas por el Servicio de Nacional de Migraciones (Sermig), 26 fueron judiciales al cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día que se mantenían privados de libertad y 16 expulsiones administrativas por cometer infracciones migratorias graves. Para detallar, los extranjeros expulsados son de nacionalidad Colombiana, Boliviana, Ecuatoriana y Dominicana. Además, según información del Sermig dichas personas habrían cometido delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, violación, posesión de armas prohibidas, receptación de vehículos, entre otros. Asimismo, el director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer señaló queel gobierno envió un proyecto para poder expulsar a las personas condenadas por delitos de la ley 20 mil, pero un sector de la oposición en el Senado, se opone a aprobarlo. Finalmente, desde el Ministerio del Interior detallaron que tanto el gobierno como migraciones priorizan las expulsiones de personas que cometieron delitos en Chile, con antecedentes penales o que ya cumplieron su condena.
El diputado republicano por Tarapacá, Renzo Trisotti, ha presentado un proyecto de ley en respuesta a las crecientes cifras de migrantes ilegales ingresando al país por pasos no habilitados. La iniciativa busca penalizar con tres a cinco años de prisión y multas que oscilan entre los 3,2 y 6,5 millones de pesos a aquellos que faciliten el traslado de inmigrantes ilegales, comúnmente conocidos como coyotes. Presentamos esta iniciativa como una forma de perseguir a esos inescrupulosos que, sin importarles la seguridad del país, facilitan el transporte a personas extranjeras e indocumentadas que ingresan al territorio nacional por pasos irregulares, poniendo en riesgo a millones de chilenos y extranjeros residentes de manera legal , sostuvo Trisotti. Este proyecto de ley modifica el Artículo 411 Bis del Código Penal, que actualmente sanciona el ingreso ilegal al país. Las cifras recientes proporcionadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de la región de Tarapacá, una de las más afectadas por este fenómeno, indican que de las 577 mil personas controladas ingresando a Chile en 2023, 11.320 fueron denunciadas por infringir la Ley de Migración. De estas, el 88,5% ingresó a través de pasos no habilitados. Trisotti enfatizó que este es un problema ya identificado que no se pudo resolver con la actual legislación y la regulación anunciada por el Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Es por eso que hoy queremos quebrar este eslabón de la cadena que es el ingreso irregular de personas a Chile . El diputado también señaló que muchos de los inmigrantes ilegales están vinculados a actividades delictivas o son parte de bandas criminales transnacionales, como el conocido 'Tren de Aragua'. El documento presentado por Trisotti detalla que el tipo penal de tráfico de migrantes fue incorporado al Código Penal Chileno en 2011, tras la suscripción de la Convención de Palermo y sus protocolos, y con la entrada en vigencia de la ley 20.507. Esta ley tipifica los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, estableciendo normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Según la definición de las Naciones Unidas, el Tráfico Ilícito de Migrantes se refiere a la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material . Trisotti concluyó que el ingreso ilegal es condición indispensable para la configuración del tipo penal del Tráfico de Migrantes.
De acuerdo a un informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entre enero y mayo de este año, el 51% de los migrantes fueron expulsados por orden administrativa. Ante esto, el Sermig presentó ante la Cámara de Diputados según consignó La Tercera, un informe donde revela que 425 personas han sido expulsadas de Chile. Asimismo, del total de expulsiones, 218 casos fueron de tipo administrativas y 207 corresponden a órdenes del Poder Judicial. En tanto, el director de Migraciones, Luis Thayer aseguró que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas y señaló quehay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes. Dado lo anterior, según las cifras que se entregaron, del total de expulsiones materializadas la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones, seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos. Luego más atrás se encuentran migrantes de Bolivia con 35 casos, Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%. Así también, Thayer se refirió al tipo de expulsiones y aseguró queno discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades. Finalmente, el informe también reveló que el numero de ingresos clandestinos entre el mes de enero y abril asciende a 11.705 personas, según denuncias recibidas por PDI.
