Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
Tras más de dos meses de intensa controversia, la Corte Suprema ha determinado que será la justicia ordinaria la encargada de esclarecer los trágicos eventos que rodearon la marcha militar en Putre, donde perdió la vida el joven Franco Vargas. Este hecho, que conmocionó a todo el país, ha puesto bajo escrutinio al Ejército chileno, que enfrenta acusaciones de negligencia y maltrato. El incidente ocurrió durante una marcha en el sector de Pacollo, donde Vargas, un conscripto, sufrió un colapso fatal. Según testimonios de sus compañeros, las condiciones de la marcha eran extremas y carecían del equipamiento adecuado y condiciones higiénicas mínimas. Estos reclamos fueron respaldados por la comunidad y por el propio director del Centro de Salud Familiar de Putre, quien desmintió la versión inicial del Ejército sobre la atención médica proporcionada a Vargas. Las contradicciones en los informes iniciales del Ejército llevaron a la destitución de seis oficiales implicados en la organización de la marcha, mientras que el comandante en jefe, Javier Iturriaga, admitió que la información inicial entregada por la institución fue imprecisa. Además, se presentó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), detallando no solo negligencia médica, sino también acusaciones de malos tratos generalizados. Los conscriptos que decidieron abandonar el servicio militar relataron un ambiente de hostilidad y abuso verbal por parte de sus superiores, incluyendo insultos homofóbicos y amenazas de violencia sexual contra familiares peruanos. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente , con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo, 'te están cagando con otro, pelao cachúo' (sic), dice la querella. 'Hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana’”, eran otras de las frases que decían los instructores según la querella. “En la ‘enfermería’ les trataban con desprecio con frases como ‘roto asqueroso’, y el trato permanente y habitual era ‘pelao culi...’ o ‘pelao conchetuma....’; (sic) así como repetían la frase ‘un pelao menos es mejor’ aún después del fallecimiento de uno de los jóvenes que se encontraba en campaña con ellos, Franco Vargas, situación que algunos de ellos presenciaron directamente. En ocasiones los cabos, les decían cosas muy vulgares y denigrantes , y más que eso, cosas degeneradas y enfermizas. Les decían que, si estuviéramos en una guerra, los peruanos vendrían y violarían a sus familias; a sus mamás, hermanas, niñas y mujeres chilenas y que, antes que eso pasara, ellos tenían que pasar la frontera y violar a las mujeres peruanas , relata en la querella otro de los conscriptos, señala la querella otro de los conscriptos.
En una reciente actividad junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró su llamado a avanzar en el levantamiento del secreto bancario como parte del proyecto de ley de inteligencia económica. Este proyecto, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero del crimen organizado en el país. Monsalve destacó la importancia de mantener en reserva los datos de las investigaciones para asegurar su éxito, enfatizando que es un ejemplo de que la información no se usa para hacer noticia; la información se usa para que el Ministerio Público y las policías puedan hacer una investigación que tienen que ser reservadas, que tienen que ser secretas. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. El subsecretario subrayó que el reciente caso de la detención de cinco ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular, implicados en el almacenamiento de drogas en Santiago, ilustra la efectividad de privar a los criminales de su patrimonio como método para combatir el crimen organizado. El secreto bancario hay que mejorarlo, declaró Monsalve, reafirmando su posición en medio del debate público generado por recientes controversias con autoridades locales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. En respuesta a acusaciones sobre supuestos vínculos de financiamiento narco en la política, Monsalve sugirió que cualquier imputación debería ir acompañada de un levantamiento del secreto bancario para todas las autoridades implicadas.
